El Prof. Lic. Mariano Acosta califica el intento de quita de pensiones por discapacidad, de parte del Gobierno Nacional, como arbitrario y unilateral.
En nuestro país, los datos oficiales respecto a la discapacidad corresponden al último censo a nivel nacional realizado en 2010. Los discapacitados son cinco millones de personas, lo cual es equivalente al 12,9% del total de la población. En la distinción por géneros, las mujeres representan un porcentaje levemente mayor, 14% contra 11,7% de los hombres.
Por razones lógicas, la discapacidad presenta una correlación con la edad. A medida que aumenta una, también incrementa la otra. Entre los 0 y los 39 años, la dificultad o limitación permanente afecta al 6%. En las personas de entre 75 y 79 alcanza a un 43,6%. En los mayores de 80 años, se presenta en un 56,4% de los casos.
Del total de la población con discapacidad permanente, la mayoría (el 59,5%) padece atrofias visuales. En menor cantidad, el 20% sufre dificultad motora inferior; el 8,4%, cognitiva; el 8,3%, auditiva, y el 3,8%, motora superior. De todos ellos, el 68% sufre una dificultad o limitación permanente, y el 32%, dos o más.
En la Ciudad de Buenos Aires, se presenta la menor incidencia de discapacidad a nivel nacional con un 8%. La región más afectada es el Noroeste: en La Rioja, hay un 17,1%, en Jujuy, 16,3% y en Salta, 16,2%. Dentro de la población económicamente activa con dificultad o limitación permanente, menos de la mitad [44,6%] tiene un trabajo como ocupación. En Córdoba hay 402.512 personas con discapacidad.
Una de las “novedades” del Censo Nacional 2010 fue la incorporación de preguntas relacionadas a la discapacidad. En nuestra ciudad, nos anticipamos por cinco años. En 2005 se llevó a cabo el Primer Censo Municipal de Población, Hogares y Viviendas, el mismo fue realizado por alumnos del Ciclo Orientado de la Escuela Dalmacio Vélez Sársfield, Nivel Secundario.
Lo novedoso de este proyecto institucional es que contó con una sección denominada «personas con discapacidad”. Para la elaboración de este apartado especial de la cédula censal se trabajó con la Comisión Municipal de Discapacidad, ella fue la encargada de indicar cuáles eran las cuestiones más importantes a relevar.
Los datos. En el 2005 se censaron 243 personas discapacitadas, el 36% sufría discapacidad motriz, 16% intelectual, 14% sensorial y 13% visceral [en este rubro se incluyó a los enfermos diabéticos y renales que, debido a la evolución de su enfermedad, requerían de atención médica especializada]. También se determinó que 21% de los encuestados padecía una discapacidad múltiple, que contempla a más de una de las categorías mencionadas anteriormente.
El rango de edad comprendido entre los 10 y 14 años es el que presenta mayor cantidad de casos. Aquí se detectaron 29 niños y jóvenes. En segundo lugar se sitúa la franja que va de los 60 a los 64 años, con 19 personas. El 95% de los consultados aseguró que posee una discapacidad permanente. El 64% señaló que recibe algún tipo de rehabilitación. De ellos, 75% la realizaba en instituciones y centros especializados de Arroyito.
El 19% tenía trabajo, en su mayoría empleo informal o transitorio, que sólo uno de cada tres discapacitados recibía ayuda económica a través de una pensión. Y que la mitad no había tramitado su certificado de discapacidad, indispensable para acceder a éste y a otros beneficios.
Los números abruman. Pero mucho más las historias de vida detrás de ellos. Vidas llenas de valor, resignación, lucha, postergaciones, conquistas, dificultades.
Las pensiones no contributivas fueron pensadas desde su origen para cubrir las contingencias sociales [imprevistos de origen biológico, patológico o económico-social] de las personas que no cuentan con recursos o bienes suficientes para su subsistencia y la de su grupo familiar. La pensión mínima es de $ 4.400.
Desde su creación la Comisión Nacional de Pensiones gestionó las pensiones a la vejez, por invalidez y para las madres de siete o más hijos, en carácter de derecho para aquellas personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad social, sin amparo previsional o no contributivo, que no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia y que no tengan parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que, teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo.
Invocando un decreto presidencial de 1997 el Gobierno Nacional dispuso dar de baja – entre enero y junio – 83.000 pensiones no contributivas a personas con discapacidad. El decreto aludido indica que éstas sólo pueden otorgarse en casos de “extrema indigencia”; aplicando esta disposición quedaron afuera –entre otros- beneficiarios cuyos cónyugues percibían una pensión o jubilación, incluso si era la mínima.
La ministra de Desarrollo Social adujo que la decisión se fundamentaba en que están “ajustando a la ley” los beneficios otorgados. Si por ajustarse a la ley se refiere al decreto de 1997, olvidó que el mismo carece de aplicación real, ya que se contradice abiertamente con tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo.
Desde 2003 se entregaron más de un millón y medio de pensiones no contributivas, concretamente totalizaban 1.608.601 hacia fines de 2014.
Escribe Fernando González para Clarín que “Sólo el 20% de los discapacitados cuenta con el certificado único de discapacidad, que otorga el Estado después de los controles médicos correspondientes. Ese universo restante sin verificación estatal dejó entonces el campo abierto para que florecieran las históricas avivadas argentinas…”.
Y continúa “De todos modos, ni los casos de abuso contra el Estado ni el aprovechamiento político del anterior Gobierno pueden ocultar la cantidad de situaciones injustas en las que incurrió el Gobierno actual por su miopía y su necesidad de mantener el marketing de la eficacia presupuestaria. Entre los […] casos dados de baja hay cientos de personas discapacitadas con situaciones dramáticas y recursos mínimos […].” Sólo desde la miopía se entiende el considerar que la tenencia de un auto es un “lujo” para un discapacitado motriz.
El procedimiento de las bajas fue arbitrario y unilateral. Una acción de trasnochados y planilleros Excel [de esos que todo lo ven por medio de una planilla de cálculo], no de funcionarios en los que delegamos el cuidado de los bienes del Estado y lo más valioso de éste: las personas.
“La mecánica de implementación de estas bajas fue sin aviso. No hay pedidos precedentes para aclarar la situación patrimonial. Tampoco se producen cruces con los registros de Anses y no hay pedidos de corrección de Actualización de Datos Personales. Todos estos mecanismos son parte de un procedimiento que debería seguirse antes de tomar la decisión de impedir el cobro y suspender el derecho”, sostiene en un informe el Centro de Economía Política. Es decir, un día fueron a cobrar y el dinero no estaba.
El tema desató la aparición de una ola de “justicieros” mediáticos y del Facebook que denunciaban toneladas de fraudes [que después terminaron siendo algunos casos cuya responsabilidad de evitarlos es del mismo Estado] y acusaron a poblaciones vulnerables de ser estafadoras [que después no fueron tales.]
Todavía hay más. Después de un ¡abracadabra! todos los impedimentos que se sostuvieron para ordenar las bajas se esfumaron: las pensiones se seguirán pagando. Esto me lleva a preguntarme ¿Existieron los argumentos que justificaron las bajas? ¿Sabe/puede el Gobierno controlar el sistema de pensiones? Si los impedimentos existen pero asimismo se ordena el pago: ¿Están convalidando las irregularidades que denuncian?
Prof. Lic. Mariano Oscar Acosta
Columna publicada en Revista SINTONIA y en www.radiocanal.com.ar